Los fondos de retiro de más de 200 trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) de Ensenada, ahorrados durante años de trabajo y mediante el descuento quincenal del 10% de su salario es lo que pelean los empleados del PJF que se sumaron a un paro nacional de labores ante el riesgo de que se los quiten.
Mauro Flores Cano, uno de los miembros del sindicato del Poder Judicial de la Federación Sección 57 en Ensenada, explicó cual es el impacto en la cancelación de los fideicomisos y como se desarrollaron por años, para garantizarles un fondo de retiro.
Dijo que eso es lo que reclaman, porque no es dinero del gobierno, procede de descuentos puntuales de sus propios salarios y se han ahorrado con un fin el de garantizarles una vejez digna basado en su trabajo, no en dádivas.
Pero no solo eso los impactará, existe otro rubro que tiene que ver con
los créditos hipotecarios que se contratan con el Fovissste, además de otras prestaciones que vienen ahí agregadas.
“El presidente y los diputados han dicho que supuestamente son para los ministros y los consejeros pero no es cierto y eso nos afecta a todos” aclaró.
En Ensenada hay alrededor de 200 trabajadores del Poder Judicial quienes laboran en las distintas dependencias y a diferencia de lo que ha dicho el Presidente, “Si trabajamos y mucho, porque las sentencias tienen un término que tienen que salir y se tienen que cumplir. Las sentencias una vez que está dictada la audiencia constitucional tenemos 90 días para que salga la sentencia. Y es un tiempo improrrogable, no podemos pasarnos de ese tiempo”.
Indicó: “Los secretarios en los juzgados, al menos en los juzgados federales, están saturadísimos de trabajo, muchísimo trabajo. Aquí hay un tiempo determinado que la ley marca y el cual es improrrogable. No sé de qué se refiere él cuando dice que no trabajamos”.
Agregó: “De hecho hay una publicación que hace un secretario de un tribunal que invita al presidente, a un diputado, a un senador, al que quiera, cambiarle el puesto por tres meses, no más para que vea, se dé cuenta de la presión y el estrés con el que se trabaja dentro del poder policial por los tiempos.
Agregó que el paro que tienen, está programado que se mantenga hasta el 24 de octubre, no es una huelga, es un paro de labores, no es una manifestación agresiva, ni se pretende afectar a la sociedad, solo que se respete nuestro trabajo y nuestros ahorros.
Por ahora han decidido que no los quitarán y la pregunta que tenemos es si se pierde ¿Quién va a ser responsable de ese dinero? De que se respeten nuestros derechos laborales.
Explicó que los representantes del Sindicato en la ciudad de México ya hablaron con unos diputados y con algunos senadores incluso con los que impulsan esta desaparición y se busca que entiendan el error en el que están y a cuantas personas afectarán.