Ante reportes ciudadanos en redes sociales, que demuestran como los inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), encabezado por Jorge Alberto Gutiérrez Topete, atosigan, y limitan la actividad del transporte público en el Tramo de la Muerte en Ensenada, hacemos un llamado a la gobernadora para que cese la cacería contra trabajadores que buscan llevar el sustento a sus hogares, señaló Humberto Valdés Romero, presidente de la Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vinícolas en Baja California (FETRAEX).
En un comunicado explicó que en los 6.2 kilómetros de remodelación del Tramo de la Muerte, que tiene ya más de dos años en construcción, las empresas de transporte público que movilizan a decenas de miles de ciudadanos todos los días, están siendo detenidas y multadas en la ruta alterna, sin absolutamente ningún criterio por parte del IMOS.
"Es increíble que después de que el gobierno federal es quien tiene totalmente conflictuada la movilidad en el Tramo de la Muerte y que se habilita una -Ruta Alterna- para darle mayor fluidez, ahora esta posibilidad esté negada para por lo menos 20 mil ciudadanos todos los días que tienen que usar transporte público, porque al IMOS se le ocurrió que debe de multar y detener a las unidades por usar esa vía de comunicación" dijo.
Valdés Romero señaló que hay videos donde se evidencia como los inspectores detienen a los micros en la Ruta Alterna, multándolos y reteniéndolos por tiempos prolongados, castigando a los ciudadanos y atentando contra la competitividad del sector transportista de Ensenada.
"Hemos sido críticos por el actuar del IMOS, ya habíamos declarado hace unos días que ese Instituto, que está fuera de la ley, ha sido una herramienta recaudatoria, que ha generado graves pérdidas a un sector productivo que le da empleo en Ensenada a por lo menos 12 mil familias de manera directa y a unas 40 mil de manera indirecta" refirió.
El líder de los transportistas hizo un llamado a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que instruya a su director, para que suspenda lo que los transportistas reconocen como una cacería permanente para recaudar recursos para el Estado.
Además, refirió, están solicitando al presidente del Congreso de Baja California, audiencia para solicitarle que se homologue la ley estatal de transporte a la federal, y que, a su vez, se trabaje con los ayuntamientos en la modernización de los reglamentos de tránsito municipal, para que el IMOS haga lo propio en la creación de sus reglamentos y deje de operar fuera de la ley.
Puntualizó que llegarán hasta las últimas consecuencias, para evitar que se le siga atosigando y golpeando al sector, buscando con ello que se recupere un poco la competitividad que se ha perdido, desde la creación del IMOS en Baja California.