La decisión de la SEMARNAT de concesionar playas en Rosarito en el marco de un litigio territorial que cumple casi 19 años, no significa nada oficial respecto a dicho conflicto, excepto que se concesionó como a otros usuarios privados y públicos un frente de mar.
Julio Salinas López Presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada recordó que el tema se mantiene igual que en el 6 de septiembre del 2019 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió como procedente y fundada la controversia constitucional presentada por Ensenada en torno a los límites.
En esta se declaró la invalidez del Dictamen 137 aprobado por el Congreso del Estado de Baja California el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis y del Decreto 684 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Baja California el siete de octubre de dos mil dieciséis.
Desde el 2016, Ensenada presentó dicha controversia donde la Suprema Corte de Justicia le da instrucciones al Congreso del Estado de Baja California para que reiniciará el procedimiento ya que no fueron tomados en cuenta los lineamientos que marca la ley, acto que hasta la fecha no se ha cumplido, ni los legisladores lo han impulsado.
Pese a este incumplimiento a finales del 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le dio a Rosarito la facultad de cobrar en la Zona Federal Marítimo Terrestre para hacer usufructo de una concesión, lo que no significa que reconozca el territorio en pugna.
Se trata de un procedimiento que pudo hacer cualquiera y que hizo el ayuntamiento de Rosarito porque Ensenada no lo hizo en su momento.
“Si tú eres dueño de un predio y tienes un frente de mar, no solamente tú tienes el derecho de usar ese frente de mar, o sea, si tú no lo usas y lo pretende usar otra persona o otra entidad, pues lo puede usar, pero para esto también hay procedimientos, no significa que la propiedad sea del que tiene la concesión, por eso es una concesión”.
Uno de los asuntos que si es relevante tiene que ver con la ausencia de las autoridades en este tema, ya que desde el 2019, ni diputados locales ni el alcalde han hecho su parte, para dar seguimiento y presionar para que el Congreso cumpla con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde que el Gobierno del Estado cometió el error intensional o no en los mapas que provocaron el despojo por parte de Rosarito que era una delegación, que se desprendió de Tijuana en 1995, el conflicto no es solo con terrenos de Ensenada sino también con Tijuana que se empalma con lo que le dieron a Rosarito como Fundo Legal.
Actualmente Rosarito busca crear derechos y una de las estrategias es haber solicitado a Semarnat la concesión del servicio en playas y actualmente ambos municipios atienden la zona, seguridad, servicios y otros con los cobros respectivos.
Jurídicamente, no existe una definición de los límites territoriales en Ensenada y Playas de Rosarito, y en Santa Anita, por ejemplo, existen dos autoridades municipales, tanto para cobrar el Impuesto Predial, los permisos y derechos, e incluso la presencia de policías de ambos ayuntamientos.
Sin embargo, en la realidad el asunto sigue como una situación que jurídicamente no se ha querido aclarar por parte de los que tienen la obligación de hacerlo y son los Diputados.
Ensenada ha perdido con el actual alcalde la mayor parte de su territorio, cedido al municipio de San Quintín y a San Felipe, sin dar pelea. Al contrario.
Sin embargo el caso de Playas de Rosarito es distinto porque es un pedazo de territorio que históricamente es de Ensenada, desde la época misional y una interpretación errónea, intencional o no pero reconocida por la Suprema Corte en la controversia Constitucional debe ser resuelta y no solo sacada a la luz en época electoral.
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