Héctor Contreras Luengas, Presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada planteó que los tres ejes que le darán viabilidad a las próximas generaciones, son la definición de un uso de suelo ordenado, compatible y con visión de largo plazo que atraería inversiones grandes, medianas y pequeñas, aprovechando el nearshoring. "De las inversiones a nivel nacional por el nearshoring, solo 2% han llegado a Baja California por esta ventana de oportunidad mientras a Ensenada han llegado cero inversiones", remarcó.

La mejora regulatoria y digitalización de los trámites y servicios, muestra un gran rezago, pese a la disposición de tecnologías que permitirían pagos de derechos y otros a través de las plataformas digitales. "Tenemos un bajo nivel de operación, comunicación y relación con los causantes municipales, los trámites del ayuntamiento deberían ser a través de los teléfonos inteligentes", abundó.

En materia de infraestructura, si bien se realizan importantes obras del gobierno federal como la ampliación de la carretera Ensenada-Maneadero y la nueva clínica de especialidades del IMSS, así como múltiples pequeñas, medianas obras de Infraestructura a través de programas federales, estatales y municipales o el Plan de Inversión Social de Energía Costa Azul por 500 millones de pesos "con un nuevo esquema regulatorio, uso de suelo e infraestructura, podrían venir otras empresas que apoyen a la ciudad de forma similar a Energía Costa Azul LNG", propuso.

"Es indispensable la voluntad política del gobierno en turno", dijo Contreras, para que la ciudad encuentre el orden y se establezcan los usos de suelo de casas habitación, industrias, hospitales, escuelas, gaseras, gasolineras, centros turísticos y zonas comerciales.

Explicó que el Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PDUCP), es un instrumento de planeación y organización de las ciudades, definido en el artículo 52 de la ley estatal de Desarrollo Urbano, que lo hace de observancia obligatoria. La necesidad de este instrumento vino a mostrarse en la zona "Vista al mar, en donde no estaba debidamente definido el uso de suelo", hecho que desencadenó en pérdidas para todos.

En el PDUCP se planteaba una vigencia para el 2030, pero requiere de un plazo a 25 años, -esto es, 2050-, pero su modificación periódica no ofrece certeza jurídica a la inversión ni promueve la llegada de capitales a largo plazo. El PDUCP de Ensenada cumple 14 años sin actualizarse, acotó.

Codeen, explicó, trabajó en una actualización en 2018 en coordinación con otros organismos de la sociedad civil y el Ayuntamiento de Ensenada. "Se hizo una inversión importante para que pudiéramos tener un plan más acorde a los tiempos y desde el 2018 no avanzamos en su revisión", toda vez que el gobierno municipal decidió formular el propio a través del Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación, pero no se han dado respuesta a las 70 observaciones hechas por organismos colegiados especializados de Ensenada a través de la consulta pública desde el 17 de mayo de 2023.

La ciudad requiere de orden y certeza jurídica para terminar con las desavenencias entre los sectores productivos. Contreras Luengas explicó el caso de prestadores de servicios turísticos que objetan las actividades del sector logístico del puerto y la exportación de mercancías, mientras los del sector logístico argumentan lo mismo, pero de los prestadores de servicios turísticos.

Afortunadamente, concluyó el representante de Codeen, nuestros desacuerdos son por la productividad de todos, por el interés de crecer y por las oportunidades en puerta. "Son los buenos problemas que trae consigo el desarrollo, que no necesitan dinero para resolverse, sino coordinación y voluntad política".