En una conferencia de prensa realizada este martes en la sede de COPARMEX los dirigentes empresariales, entre ellos, cuatro expresidentes del organismo local, demandaron de las autoridades recuperar para Ensenada el Estado de Derecho.

Entre los planteamientos vertidos por los empresarios, destacaron el temor a la denuncia de extorsión o cobros de piso, por el riesgo latente de la colusión de encargados de perseguir a los delincuentes y los criminales.

También que la ola de violencia que ha sido planteada en diversos momentos como actos contra personas relacionadas con el crimen, no exime a nadie de convertirse en víctima de la delincuencia, como daño colateral.

Los homicidios registrados a plena luz del día, en calles transitadas, cerca de escuelas, o en negocios han provocado ya el temor entre la población local y entre el turismo.

Los empresarios hicieron un llamado a las autoridades a establecer una coordinación auténtica, que permita establecer un frente común contra los criminales, sin que esto signifique violentar derechos.

Esto implica buscar que el Estado de derecho sea respetado, anteponiendo las garantías constitucionales que tienen los ciudadanos mexicanos y que corresponde al Estado brindar.

De nada sirven 500 o 600 o mil militares o policías en el Estado si la falta de coordinación entre las autoridades, municipales, estatales y federales no se convierte en hechos.

Esto implica que se reduzca la impunidad y se busque y obtenga ante todo el esclarecimiento de los hechos delictivos y que a la población se le informe debidamente los resultados y posibles soluciones y/o medidas de contingencia.

‘Si bien es cierto existe una secrecía en los procesamientos judiciales, también lo es el hecho del cumplimiento cabal de cada investigación y que como ciudadanos podamos sentir la confianza de que nuestras autoridades municipales, estatales y federales, estén debidamente coordinadas dentro del ejercicio de sus funciones, cumpliendo con su mandato”.

Agregaron la exigencia de una enérgica intervención del Gobierno Federal, para que analice las estrategias en seguridad planteadas y en su caso, las reafirme por el bien de todos los Bajacalifornianos.

Se debe lograr que prevalezca el Estado de derecho, la tranquilidad, respeto y especialmente la aplicación de todo el rigor de la Ley, a quienes delinquen y violentan el orden jurídico.