La legisladora resaltó que el problema más grave que enfrenta hoy el país es la inseguridad, por lo que para resolverlo es fundamental fortalecer el sistema de justicia penal, de ahí que cada reforma se debe revisar cuidadosamente, ya que "un sistema que está en terapia intensiva no tiene espacio para ocurrencias ni para improvisaciones".

Destacó que la Comisión de Justicia se conducirá de manera institucional ante la discusión de las iniciativas del Ejecutivo; sin embargo, centrará su interés en tres reformas: la reforma constitucional al régimen del Poder Judicial de la Federación, la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa y la reforma de protección a la salud por el uso de sustancias tóxicas.

De manera adicional, estará pendiente de las iniciativas en materia de extorsión, la relativa a reclutamiento forzado de menores de edad, pues serán la materia de foros y análisis que se llevarán a cabo antes de que concluya la presente Legislatura, por lo que serán bienvenidas todas las iniciativas que tengan como objetivo mejorar y fortalecer el sistema de justicia en México.

Dictámenes a minutas aprobadas

El primer dictamen a la minuta, aprobada por mayoría de 20 votos, corresponde al proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 149 Quater al Código Penal Federal, presentada por la senadora Mónica Fernández Balboa (Morena), para sancionar de dos a cinco años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 días multa, al que difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial.

Asimismo, incite a la discriminación racial, cometa o incite a cometer actos de violencia en contra de cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, asista o participe en actividades racistas, participe en organizaciones que promuevan la discriminación racial e inciten a ella o financie organizaciones con actividades de discriminación racial.

De igual forma, prevé que si quien realiza estas conductas es un servidor público, se le incrementará en una mitad la pena y se le inhabilitará del encargo de uno a 10 años.

El segundo dictamen a la minuta, avalada por 21 votos a favor, corresponde a la iniciativa de la senadora, Ana Lilia Rivera Rivera (Morena), que en particular se refiere a la prohibición establecida en el último párrafo del artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el objeto de derogar la disposición que impide ocurrir en queja en más de una ocasión, frente al incumplimiento de la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo.

Aprobación de dictámenes a iniciativas

La Comisión aprobó por 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen a la iniciativa que deroga el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de certeza jurídica y celeridad en los remates judiciales, presentada por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena).

Plantea que, en casos de entrega de bienes rematados, la escritura es una formalidad a la cual no puede estar supeditada la entrega de los bienes, por lo que propone la entrega inmediata de los bienes al adquiriente, sin mayor trámite o procedimiento.

Al respecto, la diputada proponente celebró que se haya aprobado dicho dictamen, pue refirió que existe preocupación de las y los legisladores por dar celeridad y certeza jurídica a los bienes rematados, en virtud de que normalmente los juicios son largos y muchas veces no se entrega la propiedad a quien ganó el remate o pago ya un precio por ellos.

El segundo dictamen, avalado por mayoría de 23 votos a favor, corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de control judicial, presentada por la diputada de Morena, Rosangela Amairany Peña Escalante y los diputados del PAN, Lizbeth Mata Lozano y José Elías Lixa Abimerhi.

El proyecto de decreto busca establecer que los actos de investigación que impliquen solicitud de noticias, información o documentación relativa a las operaciones y servicios de instituciones de crédito, requerirán autorización previa de un juez de control. Asimismo, estipula que estas instituciones estarán obligadas a proporcionar dicha documentación a la Fiscalía General de la República, cuando ésta cuente con una orden judicial.

Al respecto la diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, dijo que esta es una iniciativa que trasciende, toda vez que no existía un control judicial para solicitar información financiera a los bancos, y dejaba a los ciudadanos indefensos, por lo que se podía hacer un uso faccioso de la justicia, a través de las fiscalías que podían solicitar datos sin ningún tipo de control.