La pretensión de Diputados y Senadores de Morena y aliados para usar las AFORES de los mexicanos, son un robo en despoblado equiparable a que ahorros ajenos en un banco o en un fondo de inversión sean tomadas por el gobierno para financiar sus proyectos. Es dinero ajeno, de particulares y nadie debe tener acceso excepto su dueño, no el gobierno.
Lizbeth Mata Lozano, Diputada del Partido Acción Nacional recordó que el tema de los AFORES, Amparos y Amnistía, son actualmente proyectos a la medida impulsados por Morena que aunque los aprueben con sus Diputados y Senadores, enfrentarán acciones de inconstitucionalidad y/o Controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso del uso de las AFORES de los mexicanos, hubo dos dictámenes al respecto, en el primero se planteaba que los fondos serían de cuentas inactivas, pero el segundo incluía las cuentas activas, de ahí que todos los trabajadores deben estar pendientes del tema porque significan el dinero que les han descontado a lo largo de los años para tener una pensión al dejar de trabajar.
El tema de las AFORES, además a provocado de paso que personas que cuentan con una y no la habían revisado, ahora se interesen en cuantos recursos han generado y aunque aseguren que no hay riesgo, este existe al quedar en manos del gobierno.
Por otra parte el otro tema tiene que ver con las reformas a la Ley de Amparo ya aprobada por Diputados de Morena y afines, con la cual obras de gobierno y reformas que se promuevan por el partido en el poder o el Presidente no podrían ser evitadas por jueces.
Las modificaciones a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo busca blindar obras y reformas en la Constitución aunque estas tengan irregularidades y consiste en quitarle a los jueces la facultad de suspender leyes de manera provisional y definitiva que hayan sido impugnadas a través de la Ley de Amparo.
Finalmente esta la Ley de Amnistía, mediante la cual el Presidente de la República tendrá el poder de otorgar “amnistía de manera directa” a cualquier persona que haya sido sentenciada por cualquier delito, incluso narcotráfico, trata de personas, feminicidios, violación, secuestro o huachicol, si así lo decide.
En todos los casos estas leyes antes de que puedan ser aplicadas tendrán que enfrentar acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contrapeso que podría evitar estos abusos por parte del partido en el poder y sus aliados.