Sergio Torres Martínez, presidente de COMICE, expuso que los constructores no se oponen al cumplimiento de la Ley y a la regularización de las unidades de trabajo que pudieran incumplir con algunos de los requisitos, como ya se ha estado haciendo, pero se pide a las autoridades del IMOS evitar la duplicidad de registros ante el Gobierno del Estado.

Una vez concluido el proceso electoral, señaló el dirigente, "pareciera que se olvidaron de los acuerdos tomados en reuniones realizadas entre las partes en la que se daría oportunidad a los empresarios inspeccionados, la oportunidad de regularizar alguna falla, en caso de que la tengan", y en cambio proceden al decomiso inmediato con multas de hasta 50 mil pesos y cargos por arrastre y almacenamiento que solo benefician a los concesionarios de las grúas.

Ya se ha planteado al IMOS, recordó Torres Martínez, que se evite la duplicidad de requisitos que son los mismos que se cumplen con el Estado y la federación cuando se gestionan las placas, tarjetas de circulación y licencias de conducir.

"La duplicidad de registro de las unidades de transporte que utilizan las empresas en las dependencias estatales como Recaudación de Rentas y el IMOS no deberían de ser, por tratarse del mismo nivel de gobierno que ya cuenta con un padrón y toda la documentación que comprueba la legalidad de las unidades en los archivos de esa instancia", argumentó.

De igual forma, señaló, pasa con los permisos federales que no son tomados como buenos por los inspectores del IMOS y deben exhibir uno estatal, aún cuando éstos tienen el mismo propósito de regulación del transporte, y con la redundancia de algunos trámites que se tienen que hacer cada tres o seis meses, como las cartas de no antecedentes penales o antidoping de los choferes.

Otra situación es la falta de criterio de inspectores a la hora de aplicar las multas por cuestiones técnicas como el desgaste de las llantas, aún cuando los inspectores no son peritos en la materia y esas supuestas faltas no esté contemplada en la Ley.

Torres Martínez también señaló ambigüedades en la Ley que deberían de ser resueltas en favor de los empresarios al ser tratados erróneamente como empresas de servicio, cuando su giro está muy definido como constructoras que utilizan equipo especializado, como ollas para cemento, transporte de concreto, pipas para el agua, camas planas y vehículos para el traslado de su personal.

El también empresario reconoció el carácter regulatorio del IMOS y la obligación de las empresas de sujetarse a la Ley, pero lamentó que en vez ser empáticos con las actividades productivas y la generación de empleos, se inclinen por acciones recaudatorias y en contra de contribuir juntos en el desarrollo de la entidad.

Ante eso, hizo un llamado a los legisladores electos para que se revise la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, que nació durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, quien estaba abiertamente en contra de las empresas y los empresarios.

Actualmente el gobierno es otro, manifestó, "y consideramos que su contenido no concuerda con el espíritu que motiva a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en su relación con los sectores productivos de la entidad."