Mientras la Alcaldesa de Ensenada Claudia Agatón y la Gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda no han fijado su postura oficial sobre el cobro de impuesto a cruceristas, lo que impactará negativamente a Ensenada como el tercer puerto en recepción de cruceros en México, otras voces se han empezado a levantar contra esta decisión de Diputados Federales de Morena que aprobaron la Ley de Derechos aprobada el 26 de noviembre.
Dos regidores de Fuerza por México y del PAN, se sumaron a declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, la Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vinícolas (FETRAEX), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Ensenada por la afectación que generará en la economía Local.
Apenas el mismo 26 de noviembre, horas antes de la aprobación de la Ley de derechos, la alcaldesa presumía en un comunicado: “Con el trabajo conjunto y compromiso de diversos sectores, al cierre de 2024, Ensenada sumará 272 arribos de cruceros turísticos y una derrama económica estimada en 53 millones de dólares… Con base en información de Proturismo, para el cierre del año, contabilizarán más de 760 mil pasajeros de cruceros”.
Dijo que solo para el próximo mes de diciembre, se tiene programada la Llegada de 27 cruceros de compañías navieras como Carnival y Norwegian, se tiene estimado el desembarque de 74 mil 400 pasajeros, lo que representa una derrama estimada de 5.2 millones de dólares.
“Expuso que este sector de visitantes, gustan de acudir a paseos a La Bufadora, donde además practican kayak, o a la Ruta del Vino, quienes deciden quedarse en nuestra zona turística, realizan compras, caminan por la ciudad, recorren el Malecón, o bien visitan el el Riviera para conocer su historia y tomar una margarita”
FUERZA POR MÉXICO
Luego de esta aprobación de la Ley Federal de Derechos sobre el cobro de impuestos a cruceristas, para implementarse a partir del año entrante, la regidora de Fuerza por México, Jacqueline Denise Izabal Bitterlin, externó su preocupación por las afectaciones económicas a diversos sectores de la ciudad.
La edil, presidenta de la Comisión de Turismo, declaró que este pago de impuesto lacera la economía local, específicamente a los empresarios de la zona turística.
“En un primer acercamiento con comerciantes de servicios y turismo de la zona turística de Ensenada, nos han manifestado su preocupación por las posibles afectaciones que tendrían en caso de aplicarse el cobro del impuesto, que elimina la exención del pago del documento migratorio a pasajeros de cruceros turísticos extranjeros”, dijo.
Izabal Bitterlin, agregó que desde la comisión que encabeza en el XXV Ayuntamiento, se buscará respaldar al sector turístico y empresarial de Ensenada, pues el cobro de impuestos, podría reducir el gasto que hace el turista, afectando directamente a pequeñas empresas y comerciantes establecidos.
TRANSPORTE
Por su parte Humberto Valdés Romero, presidente de la Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vinícolas (FETRAEX), advirtió que la reciente aprobación de un impuesto de $42 para los pasajeros extranjeros de cruceros pone en riesgo no solo la competitividad de los puertos turísticos de México, sino también la estabilidad de miles de empleos en el sector de transporte turístico.
"El Congreso ha eliminado la exención del pago de derechos migratorios para pasajeros de cruceros, lo que ahora obliga a cada visitante a pagar una tarifa de $42, aun si no pernoctan en el país.
Esto genera un encarecimiento significativo de nuestros destinos frente a otros del Caribe, afectando la llegada de más de 10 millones de turistas y, con ello, el transporte turístico que depende de ellos", explicó Valdés Romero.
De acuerdo con Valdés Romero, los puertos mexicanos podrían perder hasta 3,300 escalas de cruceros en 2025. "El transporte turístico terrestre es uno de los sectores más afectados. Cada crucero representa no solo pasajeros, sino también rutas para transportistas, operadores de autobuses, taxis turísticos y hasta servicios especializados de logística. Este impuesto amenaza directamente a toda la cadena de valor del turismo", señaló.
El impacto económico será profundo, añadió. "Los proveedores locales, desde operadores de transporte hasta guías turísticos, se verán afectados. Estamos hablando de una medida que podría desestabilizar a miles de familias que dependen de este flujo de visitantes, especialmente en destinos como Cozumel, que recibe cerca de cuatro millones de cruceristas al año", apuntó el líder empresarial.
Valdés Romero indicó que la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), que representa a 22 líneas de cruceros, ya ha mostrado su inconformidad con la medida. "La FCCA advirtió que podrían reconsiderar incluir puertos mexicanos en sus itinerarios. Esto no solo afectará a los puertos, sino también a todos los transportistas y servicios que dependen del turismo de cruceros", enfatizó.
El sector de transporte turístico, según Valdés Romero, también perderá competitividad internacional. "Los costos adicionales ahuyentarán a los visitantes, reduciendo los ingresos de transportistas y aumentando la dependencia económica en otras actividades menos dinámicas", explicó.
El presidente de FETRAEX urgió a las autoridades a replantear esta medida para evitar que el turismo, uno de los pilares económicos de México, se vea afectado. "Nuestro país podría pasar de ser un líder en turismo de cruceros a convertirse en un destino de segunda opción. Es necesario que se analice el impacto integral en sectores como el transporte turístico, que es vital para la economía nacional", concluyó Valdés Romero.
ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES
Por su parte Andrés Martínez Bremer presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Ensenada, advirtió sobre el impacto devastador que tendrá la implementación de un nuevo derecho migratorio de 42 dólares para pasajeros de cruceros, programado para enero de 2025.
La medida, dujo, que elimina una exención vigente por más de una década, incrementará los costos por pasajero a 47 dólares, un 213% más que el promedio actual, posicionando a México como uno de los destinos más caros del Caribe. "Esta decisión no solo pone en riesgo la competitividad internacional del país, sino que amenaza con desviar rutas hacia destinos más accesibles", subrayó Martínez Bremer.
Recordó que el turismo de cruceros aporta anualmente más de 10 millones de pasajeros y genera un gasto directo de mil millones de dólares. Además, sostiene más de 20 mil empleos directos y 200 millones de dólares en salarios, beneficiando a miles de familias mexicanas, muchas de las más desprotegidas.
Agregó, que en Ensenada, en el 2023, se consolidó por primera vez el arribo del cruceristas -Un millón- durante el año, logró que buscamos multiplicar y hacer crecer, pero ante este escenario se prevé imposible.
En respuesta a esta situación, Martínez Bremer hizo un llamado urgente esta semana a todos los diputados federales de Baja California, independientemente de su afiliación política, y a los senadores que representan al estado. "Es momento de que todas las fuerzas políticas trabajen en conjunto para proteger a una industria que es vital para la economía de nuestras comunidades", declaró.
Martínez Bremer señaló que el aumento en costos podría reducir significativamente el gasto turístico local, afectando directamente a pequeñas empresas y proyectos de inversión por miles de millones de dólares. "Esta medida no solo lacera la competitividad turística, sino también el sustento de las comunidades más vulnerables que dependen de esta actividad", destacó.
Según datos de la industria, el turismo de cruceros ha crecido un 81% en la última década, con 3,300 escalas anuales. Sin embargo, las líneas de cruceros ya evalúan redirigir sus rutas, lo que podría afectar gravemente los arribos previstos para 2025, de acuerdo a posicionamientos establecidos ya por navieras transnacionales, refirió.
El presidente de la asociación hizo un llamado urgente a los legisladores para reconsiderar esta política y buscar alternativas que fortalezcan las finanzas públicas sin comprometer la sostenibilidad del turismo en México, un sector que da cobertura a cientos de miles de familias en todo el país, entre ellas, muchísimas de muy bajos recursos, quienes serían los primeros perjudicados.
CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
Por su parte Marco Antonio Estudillo Presidente del Consejo Coordinador Empresarial apuntó que el cobro tan elevado de 800 pesos por crucerista, que se pretende activar en la ley de derechos, podría sacar de competitividad a los puertos mexicanos, incluido Ensenada, en el panorama global.
"De consolidarse esta medida, se estima que podría afectar la llegada de los 10 millones de cruceristas que visitan México anualmente, poniendo en riesgo la posición de Ensenada como el tercer puerto en arribos" dijo.
PAN
En tanto el regidor del Partido Acción Nacional, Adrián García expresó su rechazo al cobro del impuesto federal a los turistas que arribarán en cruceros al puerto de Ensenada a partir del próximo año, toda vez que esta medida será negativa para el sector turístico local, una de las principales fuentes de ingreso y desarrollo económico de la región.
En contexto, García García dijo que de acuerdo a la Ley Federal de Derechos vigente establece que los pasajeros de cruceros son considerados pasajeros en tránsito, por lo que están exentos de pagar tarifas de inmigración.
Manifestó su rechazo a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que propone modificar el estatus migratorio de los pasajeros que lleguen a México a bordo de cruceros. Este cambio, programado para entrar en vigor el 1° de enero de 2025, implica la eliminación de la excepción vigente y en consecuencia el cobro de la tarifa migratoria a todos los pasajeros sin distinción.
El gobierno federal debe omitir esta medida, que por cierto los diputados y senadores del PAN votaron en contra, sino todo lo contrario debe escuchar las preocupaciones de los estados, los municipios, Ensenada no está en condiciones de perder más visitantes por decisiones que se toman en el centro del país y por las “ocurrencias” de quienes están sentados en sus oficinas a miles de kilómetros buscando que bolsillo afectar para recaudar, acusó.
Adrián García hizo un llamado a las autoridades locales, empresarios y actores del sector turístico a unir esfuerzos y expresar su oposición a esta medida, buscando alternativas que fortalezcan el desarrollo turístico sin imponer cargas adicionales a los visitantes.