El caso, es uno de los más graves que enfrenta la Policía Municipal de Ensenada, que como parte del encubrimiento de este presunto crimen, había aseverado en un comunicado de prensa el 8 de marzo, que la intervención en Tierra Santa, fue en un camino vecinal y no en un rancho que fue allanado por los policías municipales sin que mediara una orden de cateo.

Los hechos, empezaron a desgranarse en la audiencia de vinculación a proceso que se realizó este martes 25 de marzo en la sala 5 del Poder Judicial de Baja California en Ensenada en el asunto CP 00820/2025 bajo el Número Único de Caso 01/2025/03582 por el cargo de Desaparición Forzada (Al Servidor Público que detenga y mantenga oculta a una o más personas).

¿Qué ocurrió ese 7 de marzo?

Pese a que la Policía Municipal de Ensenada intentó mantener el tema fuera del escrutinio público, ese 7 de marzo, un grupo de agentes de Seguridad Pública Municipal, entre 15 y 20 irrumpieron en un rancho de Tierra Santa, ubicado en la carretera Olivares y calle Monte Parnaso, en la delegación de El Porvenir.

Las unidades de la policía municipal, entre estas las de la llamada policía campestre, arribaron al lugar a las 13:39 horas de la tarde cuando llegaron desde el frente del rancho y por uno de los cerros.

Estaban vestidos con ropas oscuras, con los escudos del uniforme, con armas largas, probablemente de cargo e irrumpieron dentro del lugar, acción que fue grabada por varias personas que observaron el despliegue operativo y cuyos videos, al menos cinco en poder de la Fiscalía General del Estado muestran datos de las patrullas que participaron en el procedimiento desde distintos ángulos.

Unos policías ingresaron al lugar y otros se quedaron custodiando.

Por espacio de seis horas los policías permanecieron en el lugar de donde uno de los detenidos intentó escapar pero fue capturado antes de salir del predio y tirado al suelo.

En total había en el lugar once personas, que fueron golpeadas repetidamente de acuerdo a testimonios de los seis detenidos que actualmente se encuentran presos por posesión de armas.

Los detenidos son: Rogelio Abraham, Jesús Manuel, Jesús Juvenal, Ricardo, Mario Alfonso y Gilberto Epifanio, todos vinculados a proceso por estar en posesión de armas de fuego.

Sin embargo, de los once, cinco desaparecieron ese día y nadie sabe que ocurrió con ellos. Sin embargo, en el proceso presuntamente uno de los policías espetó a Juvenal que cuestionaba sobre su primo Rigoberto que había sido separado del grupo y llevado a un cuarto aparte. “Ustedes ya la libraron, los otros se van a morir”.

Los desaparecidos son: Rigoberto Rivera Rangel de Sinaloa, Josué Fernando Tiznado Vidaca de Tijuana, Juan Edgar Mayorga Pérez de Tijuana, Rubén Efren Ray Ordaz, de Sinaloa y Ángel ‘N” de Sinaloa

Los seis detenidos, fueron trasladados poco después de las 19:00 horas a las instalaciones de Seguridad Pública, hora en que de acuerdo al comunicado original policiaco basado en el IPH habían sido interceptados en un camino vecinal. Se les certificó que presuntamente no estaban lesionados.

Un día después del suceso, familiares de los desaparecidos, entre los que se encuentra el primo de uno de los detenidos empezaron a cuestionar el paradero de sus hijos.

Los buscaron inicialmente como parte de los detenidos y conforme avanzaron las horas y los días, viajaron a Ensenada en busca de respuestas que hasta la audiencia de este martes siguen sin obtener.

Los cinco jóvenes de entre 18 y 22 años de edad, se desconoce donde están, si están vivos o que hicieron con ellos.

En tanto los agentes Alberto “N”, Owen “N”, Jesús Eduardo “N”, Rubén “N”, Edy de Jesús “N” y Eduardo “N” fueron vinculados a proceso penal por desaparición forzada dolosa y seguirán presos en tanto se continúan las investigaciones.

La Juez Mónica Caro, determinó que se habían presentado entre las dos audiencias, pruebas suficientes para que se formalizara la vinculación a proceso de los seis policías y estableció en tres meses el cierre de la investigación en audiencia del 25 de julio del 2025.

Se solicitaron por parte de la Fiscalía que los agentes policiacos que permanecerán en prisión, no tengan contacto con testigos.

Se solicitó protección para los seis detenidos.

Para los testigos del caso que se han sentido amenazados.