El asunto ha generado hasta ahora un clima de indignación entre la comunidad pensante, que es capaz de dimensionar la gravedad de este hecho que se suma a los que en su momento ha protagonizado su cabeza en el Estado Alfonso Duarte Mújica.

Sus soldados pues, siguen el ejemplo, a sabiendas de que el Gobernador del Estado, lejos de exigir cuentas de los abusos que cometen, en Baja California, lo mas seguro es que los justifique una vez mas “en aras de la coordinación” y lo panistas los aplaudan. (Al menos eso fue lo que hicieron con la humillación pública al Secretario General de Gobierno)

Sin embargo, contraria la actitud del Gobernador del Estado, prudente para algunos y pusilánime para otros, la que asume el Alcalde Enrique Pelayo Torres, pudiera generar por fin una revisión seria al tema de la milicia que en la entidad cada vez mas seguido, comete actos contrarios a lo que tienen encomendados.

A menos que entre las atribuciones y órdenes de los soldados este “agredir cada vez que se pueda a la población civil, golpeándola, hincándola y por supuesto insultándolos”.

Para nadie es secreto que no es la primera vez que realizan estos actos. En lo medios de comunicación hemos dado cuenta de una gran cantidad de sucesos donde los militares, lejos de actuar con la responsabilidad y decoro que exige su uniforme actúan como delincuentes.

Lo grave, es que la diferencia entre los militares y los policías es que los primeros, no son enjuiciados, ni castigados, ni señalados, ni deben pagar una fianza por los delitos cometidos y si sus jefes o un tribunal militar los enjuicia nadie se entera. (o usted si conoce algún caso donde un militar haya sido enjuiciado sin que antes intervengan derechos humanos o la ONU o Amnistía Internacional ilústrenos).

En el caso de Ensenada no sería la primera ocasión que un Presidente Municipal decida exigir cuentas a delincuentes uniformados. (30 militares que golpean con la culata a hombres desarmados, son delincuentes aquí y en china)

En 1990 un grupo de la PGR al mando de José Luis Larrazolo un sujeto que se hizo famoso por sus nexos con el narcotráfico y su relación con el poder en el país, llegó a Baja California.

En Ensenada “El Comandante de Larrazolo” era Enrique González Martínez su jefe de plaza, el cual con su grupo de judiciales y madrinas, se dedicaron en esta ciudad a cometer una serie de actos ilícitos que incluyeron secuestros, extorsiones y abusos de autoridad entre muchos otros.

Los judiciales federales intocables con el PRI, igual que hoy los militares con el PAN permitieron que Larrazolo hiciera y deshiciera en el Estado.

Hasta que el entonces Presidente Municipal de Ensenada Jesús del Palacio Lafontaine (del PAN sin tantos amarres y compromisos) decidió sacarlo de la ciudad.

Inició un procedimiento legal y con el apoyo de los habitantes de Ensenada hartos de los abusos de los judiciales y sus madrinas, pudieron correrlos de la ciudad.

En ese hecho hubo otra mano dura, el entonces Secretario de Gobernación Manlio Fabio Beltrones que a pesar de ser de otro partido político con las pruebas presentadas actuó en consecuencia.

La realidad pues es una muy simple, si el Alcalde Enrique Pelayo, cumple con exigir que a los militares se les aplique todo el peso de la Ley, pudiéramos ver un proceso judicial en contra de estos sujetos, vinculados a un acto delictivo, para el cual por cierto el Artículo Primero de las Fuerzas Armadas no les da ninguna atribución que especifique “rescatar a uno de sus jefes borracho”.

Sin embargo habrá que ver que decide ordenar el Gobernador del Estado en torno a este caso ya que finalmente la PGJE depende del poder Ejecutivo para caminar.

P.D.

De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Artículo 1/o., El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

1. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

2. Garantizar la seguridad interior;

3. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

4. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y

5. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

P.D. Por cierto, a Larrazolo lo mataron en Monterrey en 1994, precisamente por sus nexos con el narcotráfico.

P.D. Otra vez para los que aplauden a los militares y como siempre pedirán que me “levanten” que no usen una cobija de lana: Soy alérgica.

P.D. Ojalá el Gobernador no quiera pedir disculpas por los daños causados a las culatas y botas de los militares, para mantener la coordinación.