Pequeñitos que apenas caminan, sucios, sentados en el suelo, con las manos mugrosas, alimentados con papitas y una soda cuando posiblemente, aún no les terminan de salir los dientes de leche, son un espectáculo doloroso y obligatorio para quienes transitan la calle primera.

Mujeres que protegidas por su calidad de indígenas no necesariamente cargan a sus hijos, sino a otros niños que aunque usted no lo crea, son rentados por madres y padres para que pidan limosna o vendan cosas.

Para nadie que haya realizado una investigación sobre este tema es secreto la realidad de estas criaturas.

A los niños y las mujeres los traen en camionetas y autobuses que son ubicados en la calle paralela a la ventana al mar, los días que hay barco o los fines de semana alrededor de las ocho de la mañana; el trabajo concluye cuando oscurece... una jornada en verano de hasta 12 horas sin descanso.

De allí son bajados por los choferes y entonces comienza un recorrido preestablecido que no sale de una zona: la calle primera de la Castillo a la Ruiz y algunos dispersos en el Bulevar y en el área del mercado de Mariscos.

Otros niños y niñas que ya son mayorcitos, hasta de 12 o 13 años, eran utilizados hasta hace muy poco tiempo por mafias que los obligaban a vender flores en la zona de Tolerancia, a deshoras de la noche, y hubo a causa de ello otro tipo de hechos y abusos.

Era un grupo organizado que se logró desmembrar en la administración de Jesús del Palacio, pese a las protestas airadas de algunos que hablaban de persecución contra los indígenas.

Si bien, como cualquier mexicano, las mujeres tienen derecho a buscar una forma de reunir dinero para alimentar a sus hijos, no se vale que para ello los utilicen bajo el argumento de que son indígenas y tienen otras costumbres.

Los niños del color que sean son eso, niños y no es posible que se continúe abusando de la forma en que lo hacen; mientras se les obliga a mendigar una limosna se les niega el derecho asistir a una guardería o un preescolar que es donde deberían estar si su madre trabaja.

La denuncia penal interpuesta por la Cámara de Comercio, contra quien resulte responsable por el abuso de estos niños que son obligados a trabajar, ojalá y sea investigada a fondo por la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia que ha manifestado su ineficacia histórica en este tema.

La posición asumida por los inspectores de Comercio Ambulante, ojalá y no quede en meras declaraciones; Miguel Almazán es profesor y sabe la importancia que tiene para un pequeño recibir educación.

La administración encabezada por el Doctor Catalán ha demostrado ser bastante terca, terquedad que este tema muchos le reconocerían si logra resolver el problema.

Los niños tienen derecho a un hogar, a una familia, a un espacio tranquilo donde desarrollarse y no ser como hasta ahora simples objetos para obtener dinero más fácilmente.