De acuerdo a las creencias populares en México y en muchos barrios de la Unión Americana las islas de las que hago referencia en esta reseña continúan siendo territorio mexicano por no estar descritas en el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, más conocido como el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, como resultado de la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio como consecuencia de la derrota en la guerra México-Americana de 1846 1848. La leyenda urbana indica que fue en 1870s cuando Benito Juárez, siendo presidente de México

arrendo la Isla de Santa Catalina a los americanos. El magnate de la industria de la goma de mascar William Wrigley Jr. eventualmente adquirió la concesión a 99 años que expiraba en 1970.Para aclarar esta confusión aporto la siguiente información: El 4 de julio de 1846, a pocos días de haberse declarado la guerra México-Americana (13 de mayo de 1846), el Gobernador de la alta California Sr. Pio Pico, quien sería el último gobernador de la Alta California, México otorgo en propiedad la isla de Catalina a Tomas Robbins. El Sr. Robbins vendió la isla a José María Covarrubias, vecino de Santa Bárbara en 1850, el a su vez cedió los derechos de propiedad a Albert Roshard de San Francisco en 1853. Varias otras transacciones terminan en 1919 cuando el Sr. Wrigley adquiere la mencionada isla.

Al revisar el Tratado de Guadalupe Hidalgo encontramos que en el Artículo V entre otra información estipula: “La línea divisoria entre las dos repúblicas debe de empezar en el Golfo de México, tres leguas fuera de la costa, opositora a la boca del Rio Grande (Rio Bravo)…..; de ahí en dirección al oeste al punto fronterizo del límite sur de Nuevo México (que corre al norte del pueblo llamado Paso) continuando a su otro extremo al Oeste, ahí continuara al norte hasta encontrar la primera intercesión del rio Gila…….. hasta donde vacía sus aguas en el Rio Colorado, al que cruzara y seguirá la línea divisoria existente entre Alta y Baja California hasta el Océano Pacifico.” Adentrándose en el Océano Pacifico a una legua al sur del puerto de San Diego.

El principio del conocimiento público y de la controversia, es posible que se haya iniciado el 15 de enero de 1894 cuando Estaban Cházari en un discurso dado a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística donde menciono que “esas islas continúan siendo propiedad de México, basado en argumentos históricos” como consecuencia del furor causado por estas declaraciones genero un tremendo fervor nacionalista que la Sociedad nombro una omisión que estudiara esta situación. El 7 de junio de 1894 la Comisión concluyo que las islas en cuestión “continuaban siendo mexicanas y que los Estados Unidos no tenían ningún derecho valido sobre ellas.

Sin embargo las gestiones que se hicieron no fueron ni atendidas ni objetadas. Simplemente ignoradas.

Cabe destacar que en la Constitución del Estado de California Articulo XXI adoptada el 10 de octubre de 1849 indica “Los límites del Estado de California: …. Incluye todas las islas, puertos y bahía a lo largo y adyacentes a la costa”. El mar territorial no es necesario para la declaración de patrimonio costero como tenemos el ejemplo de la isla de Guadalupe, mexicana y bajacaliforniana debido a que se ubica entre los paralelos 28 y 32.

Muy importante y valido es destacar que durante la gestión del presidente Manuel Ávila Camacho, en 1942, se decidió crear una comisión de las llamadas de “Listón Azul”, integrada por prominentes geógrafos, historiadores y juristas internacionales mexicanos. Dicha comisión llevo por nombre “Comisión Camacho”. Cinco años en 1947 después la

Comisión emitió un dictamen de más de 400 hojas y varios apéndices. Dicho dictamen fue presentado ya, al presidente de la república en turno Lic. Miguel Alemán Valdez. El resultado fue NEGATIVO a las aspiraciones mexicanas de buscar una legitimación al reclamo de propiedad de las Islas del Archipiélago del Norte. El gobierno de México clasifico el informe como “Tema Confidencial” y se guardó discreto silencio. El documento no ha sido revelado al público mexicano, aunque se puede tener acceso a él.

Existe, también el concepto de que el gobierno mexicano presento una demanda ante la “Corte Internacional de La Haya, Países Bajos”. No hemos podido constatar la existencia de dicha demanda.

La leyenda urbana persiste. Otra más.