En Baja California circulan miles de autos sin importar y amparados en las laminas de plástico que vende Anapromex. Y aunque ilegal la actividad, las autoridades estatales y federales optan por darle la espalda al problema cuando está en su manos resolverlo.

Pero no. Parece que el problema no es tan grave como parece. Cuando menos no para el gobierno. Y si para este último el tema de los autos “chocolate” no es un asunto prioritario, pues que mejor para Fidel Villanueva.

El seguirá haciendo negocio. Y vaya que es un buen negocio vender láminas de plástico, una tarjeta de asociado y la promesa de que tarde o temprano habrá un programa de regularización vehicular.

El problema de los autos irregulares se agravó en la región fronteriza Norte de México, luego de que el gobierno federal puso por los cielos los costos de importación, además de una antigüedad máxima de 10 años en los vehículos a importar.

Una determinación encaminada a proteger los intereses de la industria automotriz nacional, pero que pasó por alto lo que por décadas ha ocurrido en esta región de país y que es la entrada de miles de vehículos usados procedentes de los Estados Unidos.

Con los costos de importación fuera del alcance de miles de bajacalifornianos y con las aduanas literalmente abiertas para que sigan entrando unidades motrices, el problema terminará por convertirse en un callejón sin salida para quienes hoy lo minimizan.

Mientras tanto, sí, mientras tanto, Fidel Villanueva seguirá haciendo negocio. Un excelente y lucrativo negocio.

Inseguridad sangrienta

Que se argumente que la ola de violencia que se registra en el municipio de Ensenada y en especial en el Valle de San Quintín es consecuencia de una lucha por el control del mercado de las drogas entre grupos delictivos antagónicos, no le regresa el sueño a los ciudadanos de bien.

Y no les regresa el sueño porque ese argumento ya está por demás manoseado, recurrido y utilizado como una salida para disfrazar una política preventiva tan deficiente como improductiva.

Lo que reclaman los ciudadanos de bien es que los grupos delictivos antagónicos y que a decir de las autoridades se disputan el mercado de las drogas en la parte Sur del municipio, no tomen las calles para dirimir sus diferencias, sino que sean desarticulados y sus integrantes enviados a prisión.

Esa es la tarea que se espera del gobierno. Excusas ya no.