El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA), Delegación Baja California, Sergio Guevara Escamilla, alertó sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para detener a tiempo una situación antes de que se convierta en irreversible contra este valioso recurso natural.

El representante del sector pesquero en la entidad, lamentó que “en apenas dos décadas, estemos poniendo en peligro a una especie que pasó desapercibida por siglos, y no podemos quedarnos de brazos cruzados contemplando la preocupante reducción de su biomasa, por la sobrepesca ilegal, así como la apatía, incompetencia y posible contubernio de las autoridades”.

Guevara Escamilla dijo que la alarma viene de permisionarios y propietarios de plantas certificadas, quienes dan testimonio de la forma en que operan los grupos de pesca ilegal, a donde no llegan los operativos de inspección y vigilancia.

Reconoció que, a diferencia del pasado, la pesquería de almeja generosa, también llamada “almeja chiluda”, “almeja de sifón” o “trompa de elefante”, nació con los candados necesarios para garantizar su sustentabilidad.

De acuerdo con los lineamientos jurídicos preexistentes, los permisos deben ser otorgados para un polígono específico, un esfuerzo limitado por número de embarcaciones, cuota de captura predefinida, talla permitida y programa de manejo, entre otras medidas.

“Con todas esas medidas, debidamente vigiladas por las autoridades, nada podría salir mal, pero la desgracia comienza cuando entendemos que más del 90% de la producción se exporta a Asia, donde los introductores no tienen ningún reparo en recibir producto ilegal, sobre todo a un precio menor al del mercado”, lamentó.

Señaló que el furtivismo funciona en lo que parece ser una red de corrupción que está acabando con las poblaciones de la especie, sacando de competencia a los permisionarios legalmente constituidos, y amenazando la economía de cientos de familias que viven del aprovechamiento honesto de este recurso.

Sugirió que, con una buena estrategia en tierra, podría ser suficiente para detener la extracción furtiva de la especie, ya que es el acaparamiento en plantas no certificadas, y el uso ilegal de documentos, lo que favorece una comercialización ilegal y depredadora.

Para esto, urgió, se necesita una acción decidida de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) y de las comisiones Estatal y Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS y COEPRIS).

Señalo que las autoridades federales están obligadas a vigilar, además, el desempeño de inspectores y otros funcionarios, para descartar que sean parte de la cadena de implicados en esta situación de consecuencias lamentables.

“Pueden ser muchos los eslabones que integran la cadena que podría hundir a la pesquería de una especie tan generosa como su nombre en poco tiempo, a menos de que, dentro de las medidas necesarias, se actúe contra permisionarios que sean sorprendidos haciendo uso ilícito de sus documentos, y/o se retiren los permisos que han sido otorgados fuera de la norma”, consideró.

Guevara Escamilla reiteró que se cuenta con todos los instrumentos jurídicos para impedir un efecto catastrófico de la ambición y la negligencia humana, pero sobre todo es posible aprovechar y sostener a una pesquería que podría seguir siendo un detonante de desarrollo para un área que ya ha sido golpeada por embargos, vedas y presiones internacionales.