La Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, Mtra. Liliana Díaz de León Zapata, recordó que en el proceso electoral local del 2021 hubo situaciones particulares donde al momento de postular candidatos dentro de la acción afirmativa indígenas se presentaron impugnaciones.

Muchas de estas, tanto en el proceso local de Baja California como en el federal y en otros Estados hubo revocación tanto de candidaturas como de personas que habían sido electas y contaban ya con la constancia respectiva.

Después de ello, la sala superior le ordenó al INE que emita lineamientos que den certeza de cual es la manera que se va acreditar el vínculo entre las personas que sean postuladas como candidatos en el marco de la acción afirmativa indígena y los pueblos o comunidades indígenas a los cuales desea representar.

Este jueves participaron en la reunión miembros de las comunidades pai pai, kiliwas, kumiai, mixteca y cucapá para preguntarles de que manera se puede acreditar por parte de las candidaturas que existe un vínculo entre dichas comunidades y la persona que desea representarlos.

En el ámbito federal se aprobó un procedimiento en el cual los candidatos por acción afirmativa indígena debían presentar un documento el cual posteriormente sería verificado por el vocal ejecutivo correspondiente.

Se reunieron entonces con los responsables de las comunidades que habían firmado el documento para verificar si lo habían expedido y ahí fue donde se empezaron a dar estos casos donde se negaba que se hubiera expedido o que la persona no hubiera sido ratificado de una u otra forma.

De ahí que se determinó que sean las propias comunidades las que determinen este procedimiento y los requisitos correspondientes.

Una vez que concluyan todas las reuniones consultivas, del 15 al 19 de agosto la Dirección Ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos se encargará de recabarlas todas, sistematizarlas para que en el periodo de conclusiones y dictamen que va del 22 al 29 de agosto se pueda emitir un proyecto de acuerdo en el cual se aprueben dichos lineamientos con todas las opiniones.

El documento final deberá estar listo a más tardar el 7 de septiembre para dar cumplimiento a lo que ordenó la Sala Superior.

Esta serie de consultas que ordenó la Sala Superior no estaba contemplada en los presupuestos de INE, pero se han cumplido con un presupuesto estimado hasta el momento en 340 mil pesos en Baja California.