Se trata de la aprobación de la reforma Constitucional al Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional se informa en un comunicado.

La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), en funciones de la presidencia de la Cámara de Diputados, pidió a la Asamblea ponerse de pie y dijo que una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria:

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 la Constitución Política, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales”.

Previamente, la secretaría de la Mesa Directiva, informó que se recibieron 20 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.

Entre lo aprobado se resalta que, durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Establece que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral con indicadores cuantificables y verificables, que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos, incluidos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Crea una Comisión Bicameral y podrá convocar a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina. Se establece un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Al fijar su posicionamiento, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) explicó que una de las diferencias entre los integrantes de la policía civil y un cuerpo militar es “una categoría legal, que sólo se aplica al fuero militar, y es, la forma de juzgarlos, distinta a los civiles”.

Según el legislador la condición civil del artículo 21 se respeta para la Guardia Nacional, al tiempo de resaltar que, la ampliación del plazo que se otorga al Poder Ejecutivo para disponer de la fuerza militar en apoyo a la seguridad pública del país “respeta la Constitución”.

El diputado del PAN, Ricardo Villarreal García señaló que está en contra porque la seguridad se construye con la participación de todas y todos los mexicanos y no se debe exigir al Ejército que realicen lo que no hacen los gobiernos.

Indicó que en el presupuesto 2023 el gobierno tendrá que reasignar cerca de 17 mil millones de pesos para cumplir con la Constitución y su palabra empeñada a las y los mexicanos, para tener un fondo de apoyo a las entidades federativas y los municipios a fin de hacer frente al lastre de la inseguridad.

l diputado Armando Antonio Gómez Betancourt (PVEM) dijo que a pesar de los avances que se han tenido en materia de seguridad desde la creación de la Guardia Nacional, aún no hay condiciones para que el Ejército y la Marina dejen de proteger a la población de las agresiones de los delincuentes.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) subrayó que “es una pesadilla los problemas de seguridad, la necesidad de pacificar el país es imperiosa” y afirmó que se ha tenido una discusión muy clara sobre el tema.

“Es evidente que a pesar de que niegan los avances en materia de seguridad, los resultados, también es cierto que han sido insuficientes, que no se ha pacificado el país y, por lo tanto, era necesario mantener a las Fuerzas Armadas hasta 2028. Se debatió y por mayoría calificada aquí se aprobó”.

Esta reforma inició mal y sigue mal

El diputado Jorge Álvarez Máynez (MC) señaló que “esta reforma inició mal y sigue mal, de manera irregular, violando el procedimiento, con albazos de principio a fin”. Consideró que esto tiene todavía una instancia que agotar a nivel nacional e internacional que es la judicial; “nosotros tenemos recursos que vamos a utilizar para defender el artículo 21 constitucional”.

Afirmó que “vamos a salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a vivir en paz, a terminar con la guerra fallida y construir una estrategia de seguridad desde lo local, con policías locales, con policías civiles que le den a México un respiro de esta escalada de violencia e impunidad”.