Entre 2019 y el año pasado, el comercio agroalimentario entre México y Estados Unidos creció de 50 mil 877 millones de dólares a 73 mil 137 millones de dólares, alcanzando la cifra más alta en la historia comercial entre ambos países. En este sentido, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las exportaciones mexicanas alcanzaron una cifra récord de 44 mil millones de dólares en 2022, lo que representa un incremento del 14 por ciento con respecto al cierre de 2021. En cambio, las importaciones sumaron casi 29 mil millones de dólares.

Esta disputa tiene su origen en un primer decreto emitido el 31 de diciembre de 2020, el cual restringió el uso de maíz genéticamente modificado en todo tipo de alimentos para consumo humano. Posteriormente, se pretendió acotar esta medida mediante un segundo decreto publicado el 13 de febrero de 2023, el cual aclara que el uso del maíz modificado genéticamente se restringe inmediatamente para la alimentación humana mediante nixtamalización o la elaboración de harina, y de manera gradual para su uso industrial en la producción de productos destinados a la alimentación humana y animal.

Ante esta precisión, el gobierno de los Estados Unidos decidió recurrir a las consultas previstas en el Tratado de Libe Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el pasado 2 de junio, bajo la premisa de que las medidas del gobierno de México carecen de respaldo científico y podrían perturbar innecesariamente el comercio norteamericano. El 9 de junio, Canadá se unió al proceso consultivo bajo premisas similares.

La ICC México insta a los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y México a participar en las consultas sobre el maíz genéticamente modificado con una actitud positiva, con el objetivo de resolver las diferencias y mantener el flujo comercial del producto sin afectar a ninguno de los socios en el T-MEC. Dado que el maíz genéticamente modificado es un producto perecedero, las consultas tendrán que celebrarse dentro de los 30 días siguientes.

Además, la ICC México sugiere al gobierno de México que, durante las consultas, evalúe de manera seria y detenida la derogación de este decreto, cuyo sustento jurídico no ha sido evidenciado. En caso de no hacerlo así, esta disputa debería resolverse a través de un panel internacional, lo que podría resultar en la imposición de restricciones a las exportaciones de México hacia los Estados Unidos y Canadá.

El gobierno de México debe aprovechar que el T-MEC le impide a los Estados Unidos y a Canadá imponer restricciones unilaterales a las exportaciones mexicanas, debiendo someter cualquier disputa, primero, al procedimiento consultivo, abriendo la posibilidad de resolverla cuanto antes y de manera amistosa.