Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, confirmó que existe una contracción operativa en el sector que ha obligado a productores a frenar el ingreso de nuevos trabajadores ante la falta de condiciones para sostener los costos actuales.

La agricultura representa el 25% del empleo formal en zonas rurales del estado, con un registro superior a los 120 mil trabajadores agrícolas al año, de los cuales más del 90% están afiliados al IMSS, lo que convierte a este sector en uno de los principales empleadores de Baja California.

Durante el ciclo agrícola 2023, el estado produjo más de 2.4 millones de toneladas de alimentos, con un valor comercial superior a los 12 mil millones de pesos. De esa producción, el 85% se destinó a exportación, principalmente a Estados Unidos, Canadá y mercados asiáticos.

La reducción de la contratación impacta directamente en comunidades enteras de los valles de San Quintín, Ensenada, Maneadero y Mexicali, donde miles de familias dependen del ingreso agrícola para su sustento cotidiano.

Solorio Meza explicó que entre los factores que han detonado esta crisis se encuentran el aumento en los costos de insumos, la incertidumbre en el suministro de agua, el encarecimiento del transporte y la inestabilidad en el precio de exportación de algunos productos.

El presidente del Consejo Agrícola señaló que esta contracción también afecta a toda la cadena de valor asociada a la actividad primaria, como transporte, empaque, refrigeración, mantenimiento, comercialización y servicios auxiliares.

Tan solo en los últimos cinco años, la inversión privada en agricultura en el estado ha superado los 5 mil millones de pesos, especialmente en infraestructura de riego, energías limpias y expansión de cultivos orgánicos. Esa dinámica está en riesgo si no se estabilizan las condiciones del entorno.

En los valles agrícolas, la ausencia de contratación ya se refleja en el cierre temporal de cuadrillas, en la cancelación de traslados y en la reducción de actividad en centros de acopio y empaque.

Solorio Meza advirtió que, si no se implementan medidas inmediatas para contener la contracción, Baja California podría enfrentar una crisis laboral rural sin precedentes, con efectos directos sobre la seguridad social, el ingreso familiar y la movilidad laboral.

La situación también puede derivar en un aumento del desempleo informal y en presiones migratorias internas, con impactos colaterales en servicios públicos, educación y seguridad.

"El sector agrícola necesita ser entendido como un motor económico y social. Cuando se detiene, las consecuencias se sienten en todos los niveles", concluyó el presidente del Consejo Agrícola.