El expresidente municipal de Ensenada Gilberto Hirata Chico y su tesorero Samuel Jaime Aguilar, fueron absueltos este viernes del delito de peculado por el que la justicia federal los había llevado a juicio.
Un cambio en la acusación por parte de la Fiscalía Federal hizo que el Juez determinara absolverlos, al dejarlo sin elementos para que pudieran ser condenados, luego de un juicio oral, al que estuvieron sometidos ambos exfuncionarios públicos.
Aunque desde que se inició el juicio oral por el artículo 223 que refiere peculado en su fracción IV, que dice:
“IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.”
En los alegatos de clausura la representante de la Fiscalía General de la República, Adriana Delgado Bolaños, varió la acusación a la fracción I, lo que dejó al juez sin elementos para condenarlos.
“I. Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”
En la sentencia el juez reconoció que si bien había elementos suficientes para sentenciar a los imputados por la fracción IV, al variar la acusación la Fiscalía en los alegatos de clausura, como juzgador no podía rebasar la medida de la acusación, sino verificar su existencia.
En el proceso la Fiscalía General de la República no pudo acreditar el beneficio de ambos imputados, a quienes se acusó de desviar a nómina 3.5 millones de pesos de Programas de Desarrollo Regional 2016, destinados originalmente para la construcción de una subestación de Bomberos en San Quintín y la pavimentación de la calle Néstor Olivas en el exejido Chapultepec.
Cabe destacar que Hirata y su extesorero, tienen aún pendientes judiciales en la Fiscalía del Estado.