Personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinaron acciones con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del estado de Baja California que permitirán atender integralmente la problemática ambiental del Valle de Guadalupe.
El Valle de Guadalupe es una zona de vocación agrícola-rural ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Ensenada. El clima mediterráneo de esta región han generado las condiciones idóneas para el cultivo de olivo, árboles frutales, hortalizas, y de manera preponderante, la vid, posicionando al Valle de Guadalupe como la región vitivinícola más importante de México.
No obstante, en las últimas dos décadas, la región ha experimentado drásticas transformaciones que se expresan en el cambio de uso de suelo, deforestación, el desarrollo de proyectos inmobiliarios, sobreexplotación del acuífero, contaminación por uso de fertilizantes y plaguicidas, y recientemente la proliferación de antros y el desarrollo de espectáculos masivos.
Para atender esta problemática, el pasado 5 de octubre el gobierno federal y la autoridad estatal, por conducto de la Semarnat y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, acordaron establecer una agenda de trabajo para la protección y conservación del Valle de Guadalupe.
Dicha agenda se desarrollará corresponsablemente con la participación de las comunidades y sectores interesados, entre los que se encuentran los ejidos, la academia, las organizaciones, ambientalistas y vitivinicultores.
Respetando el ámbito de competencia, se reforzarán las acciones de inspección y vigilancia ambiental para garantizar el respeto y observancia de la legislación federal y estatal. De la misma forma, se impulsará el desarrollo de un Programa de Ordenamiento Ecológico Local para el Valle de Guadalupe, con un fuerte componente comunitario y participativo, que asegurará ser un instrumento para la defensa de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. El ordenamiento ecológico constituye una valiosa herramienta para constituir un proceso de planeación del territorio con un enfoque integral que permite la regularización, protección y preservación de los recursos naturales con justicia social.