Este martes 3 de octubre, la SCJN, determinó invalidar diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California y leyes de ingresos de municipios de la misma entidad, para el ejercicio fiscal de 2023.

En dichos preceptos se preveían cobros por la búsqueda de información y antecedentes en archivos del Registro Civil y municipales; así como por la búsqueda, consulta y verificación de datos y/o antecedentes que dan lugar a la emisión de certificados o copias certificadas no relacionados con el derecho de acceso a la información pública.

Al respecto, la SCJNe reiteró su criterio en el sentido de que esa búsqueda implica una actividad estatal que debe ser gratuita.

En la determinación de los magistrados, el Pleno exhortó al Congreso de la entidad para que en el futuro se abstenga de emitir normas que presenten el mismo vicio de inconstitucionalidad.

Dichas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California y Leyes de Ingresos de Municipios del mencionado Estado, fueron publicadas en el Periódico Oficial de Baja California el 21 y 28 de diciembre de 2022.

En la Ley de Ingresos del Estado, publicada el 21 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del Estado, en el apartado del Registro Civil se estableció un cobro de 275.16 pesos por la búsqueda de datos y antecedentes.

En las Leyes de Ingresos de San Felipe señala que la búsqueda de datos o antecedentes en Archivos del Registro Civil hasta 5 años tendría un costo de 1.5 Unidad de Medida y Actualización (UMAS) de 155.61 pesos.

En Ley de Ingresos de San Quintín la búsqueda tiene un costo que va de 1.0 UMAS hasta 1.35 UMAS por cada año, después de los primeros cinco años; es decir de 103.74 pesos a 140.04 pesos.

La Ley de Ingresos de Ensenada el costo va de 1 a 1.35 UMAS ($103.74-$140.04).