A una década de distancia del asesinato de estas familias,  siete personas han sido identificadas y capturadas en torno a los hechos.

La historia, para llegar a estas conclusiones están escritas en miles de hojas de declaraciones e investigaciones realizadas por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y de la Procuraduría General de la República.

Aunque el proceso inicial se llevó como delito del orden común (homicidio) desde el principio por las características del caso hubo una coordinación absoluta entre PGJE. Ejército y PGR a quien 36 horas después se le entregó el caso.

Esta coordinación tiene como prueba, los documentales firmados como cabezas el Subprocurador de la PGJE Rodolfo Urbalejo, Adán Pelayo comandante de PGJE.

Del General José Luis Chávez, Delegado de la PGR en Baja California, del Subdelegado Cirilo Corona y el Ministerio Público Miguel Cervantes Fener y por el Ejército el General Adrián Castillejos Adriano, Comandante de la II Región Militar.

Este crimen, obligó a las autoridades de Baja California a desplegar un operativo que ahora común, nunca antes habían desarrollado en el que participó personal de los cuatro municipios.

En unas horas, se montaron varios equipos de ministerios públicos, peritos y forenses, tres de estos para hacer cada uno la revisión de cada casa.

Otros para tomar declaraciones e interrogar testigos, trabajadores y vecinos.

Otros para efectuar las autopsias de los  17 cadáveres, que en unas cuantas horas sumaron 18 al morir Guadalupe la esposa de Fermín el mismo día.

Estas autopsias revelan la enorme crueldad de los asesinos, uno de estos el que disparó en contra de la mujer embarazada a la cabeza y al vientre.

Otros para montar operativos de búsqueda que permitieron detener en su huída a un grupo de personas que salían de Cerro Azul, el lugar donde se encontraron el 18 de septiembre armas y droga y que corroboraron la línea central que refería “un gane” como la causa de esta venganza.

De las investigaciones iniciales surgen los nombres de  Ismael Estrada Ramos (a) “El Mayito”  quien fue detenido en Tijuana y aseguraba ser solamente un vendedor de celulares.

Otro Trinidad Medina Pérez (a) “El Trini” quien cuidaba uno de los ranchos y Armando Villegas Santacruz (a) El Cholico otro de los homicidas que justificaba con pobreza e ignorancia haber sido solamente “el chofer”.

De los detenidos tres ya están condenados, Ismael Estrada, Trinidad Medina y Armando Villegas.

Uno prófugo, Héctor Flores Esquivias se escapó del penal de Tijuana en el 2004.

Uno pendiente de extraditar,  Manuel Ross Escalante  y uno recién capturado José Rubén Moncada  “El Güero Loco”, mientras el ejecutor del asesinato “Lino Quintana”  resultó muerto, en un conveniente suicidio en febrero del 2002.