El 23 de febrero del 2010 la Procuraduría de Justicia del Estado emitió desde Tijuana un comunicado de prensa donde revelaba que agentes del Grupo contra delitos patrimoniales había logrado detener a Karla Gabriela López Martínez, de 36 años, quien vendía plazas falsas del Sistema Educativo Estatal en Tijuana.
La mujer fue detenida por agentes de la Policía Ministerial después de haber recibido tres denuncias en su contra, todas en el mes de febrero del año en curso, indicando que se ostentaba como Jefa de Recursos Humanos del Sistema Educativo Estatal y que había cometido fraude en perjuicio de al menos tres personas.
Según la declaración de dos de las víctimas, López Martínez les llamó por teléfono a finales del mes de enero del presente año, prometiéndoles un trabajo como auxiliares en el área de mantenimiento de dicha dependencia, a cambio del pago de 55 mil pesos en efectivo.
En el tercer caso, ofreció una plaza de Jefe de Mantenimiento por un costo de 60 mil pesos en efectivo; en los tres casos denunciados, las víctimas pagaron completo el dinero.
Todos pagaron
Al conocerse su captura en Ensenada empezaron a surgir casos que para el primero de marzo del 2010 sumaban 23 denuncias contra otras tantas personas.
López Martínez era acusada además del delito de falsificación y uso indebido de sellos, marcas, llaves, contraseñas y otros objetos.
Los ofendidos habían presentado la denuncia en contra de la mujer bajo la causa penal 283/200 y aunque la orden de aprehensión se giró desde el 6 de junio del 2007, no fue sino hasta el 2010 que fue detenida que se cumplimentó dicha orden.
Karla Gabriela López Martínez, quien se ostentaba como Jefa de Recursos Humanos del Sistema Educativo Estatal empezó esta actividad en Ensenada en el 2007 en un jardín de niños de la Colonia Gómez Morín.
En este lugar, presuntamente la Maestra se acercó a una madre de familia para decirle que estaban por abrir un CENDI (Centros de Desarrollo Infantil) en el Ejido Chapultepec y requerirían personal.
Dijo que se estaba buscando personal pero que para garantizar la plaza era necesario un depósito que era para “apartarlo” y esto se reintegraría en el primer pago que se les daría ya como trabajadores.
Para asegurarse de que no era un fraude, los afectados, pidieron una garantía, que significaron pagarés y más adelante una serie de documentos “oficiales” con sellos que lo único raro que tenían era tinta roja.
Una de las cuestiones que hizo confiar a los afectados, fue una “capacitación” que se le hizo a las personas en el salón de un restaurante local, en el que participaron 26 personas.
En Ensenada la Maestra cobró por “apartar” la plaza 10 mil pesos a intendentes, 25 mil pesos para un doctor, 15 mil pesos a auxiliares administrativos y a quienes trabajarían en la guardería 15 o 20 mil pesos.