El 2 de febrero del 2011, tras una semana en la cual finalmente las autoridades del Estado decidieron actuar penalmente contra el dirigente de Anapromex, Fidel Margarito Villanueva éste fue detenido con una orden de aprehensión por el delito de fraude, cuando intentaba escapar a bordo de una ambulancia.

Con su detención tras 10 años de actividades, irregulares, el Estado intentaba poner fin a un grave problema de contrabando de autos en la región fronteriza que fueron aprovechados por este sujeto para enriquecerse, haciendo las veces de una autoridad de control vehicular con la complacencia del estado y la federación.

Pero Villanueva se pasó, creyendo que su fuerza superaba al Estado no solo lo desafió sino que se burló en sus narices, con la elaboración de sus propias placas de metal, y la elaboración de un “himno” cuyo video fue grabado en los patios del propio edificio estatal, con lo que derramó la última gota de paciencia oficial.

Las primeras acciones iniciaron el 27 de enero del 2011 con el cateo de una de las oficinas de Reforma y séptima para seguir como fichas de dominó cayendo una tras otra todas las oficinas de Anapromex en Baja California que sumaban ya una docena.

Los delitos por los que fue acusado, fraude y delitos fiscales por los que Villanueva pagó la fianza y cuando salía libre fue aprehendido de nuevo para ser internado luego en el Penal de La Mesa en Tijuana donde estuvo preso por espacio de nueve meses.

 En este lapso el gobierno del Estado continuó las investigaciones y arrancó un programa denominado Placas BC con un fondo inicial de 25 millones de pesos con los cuales se pretendían importar alrededor de 5 mil vehículos que están ilegalmente en el Estado pero esta cifra tuvo que ser modificada por el gran numero de unidades que se inscribieron.

 A la fecha el programa aun no concluye, se han importado ya miles de unidades, pero el problema pudiera recrudecerse  ya que el contrabando de unidades se ha mantenido y los costos para importar y regularizar las unidades no corresponden con la realidad salarial del Estado ni la calidad del transporte.