El 7 de marzo del 2011, una de las mas graves violaciones a los derechos de civiles en Baja California fue ejecutada por un grupo de militares en el poblado de Maneadero quienes detuvieron a una familia y les sembraron droga para justificar un error, cuando los residentes creyendo que eran secuestradores dispararon en su contra.

El caso que terminó en la exoneración de dos de los tres detenidos y la muerte de uno de ellos por falta de atención médica puso en evidencia una serie de abusos que un grupo de militar que vestidos de civil cometieron en tres lugares distintos donde además de sembrar evidencias robaron propiedad ajena con la complacencia de sus mandos.

La historia inició poco antes de la medianoche en una vivienda ubicada sobre la Avenida Lázaro Cárdenas entre las calles Francisco Villa y Nacionalista del poblado de Maneadero donde presuntamente los militares realizaban un trabajo de inteligencia.

 Estos intentaron entrar a la casa donde al verlo una mujer dentro,  les pidió que se identificaran y al no hacerlo y verlo armado les disparó.

Los militares generaron un día después un comunicado de prensa donde daban su propia versión de los hechos y aseguraban que dos militares había sido lesionados.

De acuerdo a ese mismo reporte oficial fueron detenidas cuatro personas, entre estos un niño de 12 años de edad, liberado un día después y cuyo nombre estaba impreso en el comunicado pese a ser ilegal por su edad y la prohibición expresa en el código penal de publicar el nombre de menores.

 Entre los detenidos estaba una señora que presuntamente disparó el arma, María Guadalupe Durán, su esposo Javier Delgado y un anciano de 85 años de edad el padre de ella Ramón Durán Muñoz de 84 añosa de edad, quienes fueron trasladados a Tijuana e incomunicados de sus familias quienes sufrieron una pesadilla para poder apoyar a sus seres queridos.

Los militares aseveraban en el parte informativo que en la casa estaba el arma usada contra su gente;  una pistola calibre 38 especial, un revolver calibre 44, un fusil AK 47, 930 gramos de cristal y 438 gramos de heroína lo que fue desmentido con el correr de las semanas.

En Ensenada.net se publicó entonces el testimonio del niño y la serie de abusos y vejaciones de las que había sido objeto la familia durante la captura que el 5 de abril del 2011 dio un vuelco, al morir el anciano Ramón Durán Muñoz, por la ausencia de atención y medicamentos por parte del ejército y la PGR.

El anciano pese a los Acuerdos internacionales y nacionales que tiene firmado México para este tipo de personas y el Artículo 55, donde existe la prerrogativa de que un acusado de edad avanzada pueda vivir un proceso legal en su domicilio, como era el caso de Ramón Durán, fue tratado como un delincuente peligroso hasta su muerte, pese a ser inocente.

Aunado a ello, se conoció que la Procuraduría de los Derechos Humanos no envió como era su obligación el expediente de la familia Durán a la Comisión de los Derechos Humanos, algo que pudo paliar la gravedad de su situación y los abusos de los que fueron objeto.

El jueves 14 de julio del 2011, María Guadalupe Durán Durán y Javier Delgado Luna, detenidos por el Ejército en su casa en Maneadero, fueron absueltos de todo cargo por el Juez Décimo de Distrito con base en Ensenada José Neal André Nalda.

 Tres meses después de la muerte del anciano y a cuatro de distancia de la irrupción militar cuyas acciones hasta la fecha siguen impunes.